CERTEZA JURÍDICA PARA LAS ASEGURADORAS: LA CÁMARA LABORAL DE CÓRDOBA RATIFICA LA APLICACIÓN DEL NUEVO BAREMO AL MOMENTO DE LA PERICIA MÉDICA
Un fallo de la Sala 1 de la Cámara del Trabajo convalida la validez y aplicación inmediata del Decreto 549/2025 para peritajes en trámite, marcando un trascendental precedente que distingue la ley sustancial del infortunio respecto de los instrumentos técnico-periciales de cuantificación.
En una resolución de alto impacto para el sistema de riesgos del trabajo y la praxis judicial de la provincia, la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba ratificó la validez y la aplicación inmediata del Decreto 549/2025 a toda evaluación de incapacidad formulada con posterioridad a su entrada en vigencia, con independencia de que la fecha del accidente laboral haya sido anterior.
A través del Auto Nº 296 (dictado el 2 de octubre de 2026) en la causa «R.J.C c/ Prevención A.R.T. S.A.» (Expte. SAC 14530107), el tribunal de alzada —con la firma de los vocales Dr. Enrique Andrés María Rolón y Dr. Víctor Hugo Buté— rechazó en su totalidad el recurso de apelación interpuesto por la representación del trabajador. De esta forma, confirmó el fallo de primera instancia expedido por el Juez N° 6 del Tribunal de Gestión Asociada de Conciliación y Trabajo N° 3, Dr. Carlos Eduardo Moroni, consagrando una clara victoria doctrinaria y patrimonial para la aseguradora de riesgos del trabajo.
El origen de la controversia: desfasaje entre el siniestro y la pericia médica
El caso tuvo su origen en un accidente de trabajo acaecido el 11 de febrero de 2025, en el cual el demandante sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior y lesión meniscal en su rodilla izquierda. Tras el dictamen de la comisión médica administrativa de diciembre de 2025 que determinó la ausencia de incapacidad vinculada al evento, el trabajador promovió la demanda judicial.
Durante la tramitación de la causa se produjo la entrada en vigencia del Decreto 549/2025 (publicado en el B.O. el 06/08/2025 y vigente desde febrero de 2026), el cual renovó integralmente la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales después de casi tres décadas. Al presentarse el peritaje médico oficial en mayo de 2026, el perito practicó la liquidación bajo ambos marcos normativos:
- Bajo el derogado Decreto 659/1996, estimó una incapacidad del 11,48% de la Total Obrera.
- Bajo el vigente Decreto 549/2025, fijó la minusvalía en el 9,09% de la Total Obrera.
Frente a la aplicación del nuevo Baremo en la sentencia de origen, la parte actora apeló alegando una supuesta «aplicación retroactiva inconstitucional», exceso reglamentario del art. 3 de la norma, transgresión al principio de progresividad y pretendió la invocación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en la causa «Espósito».
La ratio decidendi: la pericia es un acto instrumental sujeto a la ley vigente al momento de su producción
Al abordar el conflicto normativo temporal, la Cámara del Trabajo trazó una distinción dogmática determinante entre el derecho sustancial a la reparación y la herramienta técnico-pericial de valoración del daño:
- Derecho sustancial inalterado: El derecho a ser indemnizado nace con el infortunio o primera manifestación invalidante (PMI) y se rige, en cuanto a sus fórmulas financieras, Ingreso Base, índices de actualización (RIPTE) y adicionales legales, por la ley vigente a esa fecha.
- Naturaleza instrumental de la pericia: La determinación del porcentaje de incapacidad es un hecho técnico-médico que recién se constituye con la elaboración del dictamen pericial. Mientras la prueba no ha sido producida, no existe un «derecho adquirido» a ser evaluado por una tabla o baremo determinado. Se trata de una situación jurídica aún en curso de constitución.
En este sentido, el tribunal de alzada sostuvo que la aplicación del Decreto 549/2025 a pericias producidas tras su vigencia no constituye una aplicación retroactiva de la ley, sino la aplicación inmediata de la norma vigente a un acto procesal o probatorio aún no consumado, encuadrando en la previsión del artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación y del artículo 3 de la propia reglamentación.
Inaplicabilidad de «Espósito» y no duplicación de secuelas
El fallo se destaca por su solidez conceptual al rechazar la equiparación del caso con el precedente «Espósito» de la CSJN. La Cámara remarcó que dicho criterio del Máximo Tribunal federal se refirió exclusivamente a la inaplicabilidad retroactiva de mejoras en las fórmulas económico-financieras o adicionales de cálculo (art. 3 Ley 26.773 e índice RIPTE), aspectos que alteran el crédito indemnizatorio de fondo. Por el contrario, el Baremo 549/2025 constituye un instrumento técnico de medición científica que no modifica la fórmula matemática ni altera los componentes económicos de cálculo.
Asimismo, la resolución significó otro triunfo para la ART en materia de metodología de cuantificación del daño, al rechazar la pretensión del demandante de adicionar un porcentaje autónomo por «limitación funcional». Tal como lo sostuvimos, ejerciendo la defensa de Prevención ART S.A., la Tabla 4 del Decreto 549/2025 (correspondiente a lesiones cápsulo-ligamentarias y meniscales) comprende la repercusión funcional dentro del porcentaje tabulado para la patología base. Sumar un valor autónomo habría implicado una indebida duplicación de la secuela.
Un precedente ordenador para la praxis defensiva de las ART
La confirmación de la sentencia de grado y el rechazo del recurso del trabajador marcan un precedente jurisprudencial para el mercado asegurador y los litigios laborales. El pronunciamiento ratifica que obligar a evaluar incapacidades actuales con un instrumento desactualizado afectaría la objetividad, precisión y uniformidad científica requeridas por el sistema.
Para los profesionales que ejercen la defensa de aseguradoras de riesgos del trabajo, el fallo de la Sala 1 de la Cámara Laboral de Córdoba brinda una pauta firme: las pericias médicas encomendadas y practicadas tras la vigencia del Decreto 549/2025 se rigen por la nueva tabla, garantizando previsibilidad técnica y evitando sobrecostos indemnizatorios derivados de la pretensión de aplicar baremos derogados.
AB. GUILLERMO SPAGNOLO, MP 1-44069.